AL BORDE DEL ABISMO

-Disculpe funcionario.

-Sí, diga.

-Usted es un abusador y un corrupto. ¿Me da permiso para protestar contra usted en la calle?

-¡No! [Portazo].

Entrevistado por el diario El Nacional, se le preguntó a Mario Vargas Llosa como titularía un libro sobre Venezuela. El Nobel de literatura, sin titubear, respondió: "Al borde del abismo".

El escritor, de visita en el país en el marco del 30 aniversario del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad CEDICE, confesó que le daba tristeza ver al país más rico de América Latina y potencialmente uno de los más ricos del mundo, con la más alta inflación del continente, el menor crecimiento y la "violencia criminal que mata en sus calles y pueblos. Parece mentira que Venezuela se haya empeñado en retroceder acercándose a los ejemplos más patéticos de fracaso económico, político y social como lo son Cuba y Corea del Norte."

Sus declaraciones de ese día coincidieron con la publicación de la Sentencia N° 276 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se suprimen garantías para el ejercicio de la manifestación pacífica, se desconoce el artículo 53 de la Constitución Nacional y se legaliza la actuación represiva de los cuerpos armados del Estado contra los ciudadanos.

Establece la referida sentencia, contraviniendo los estándares internacionales de Derechos Humanos, que "cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo por parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales, a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos constitucionales, actúen dispersándola." 

Simultáneamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó su informe anual correspondiente al año 2013, ofreciendo una explicación oportuna de las motivaciones de sentencias como la mencionada 276. En él, señala sobre Venezuela: "la provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del Poder Judicial y a su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de manera negativa el ejercicio del derecho a la justicia."

Esa provisionalidad de los jueces solo se justifica por la cooptación política del Poder Judicial. En el año 2006, el Tribunal Supremo de Justicia, con la intención de depurar el sistema judicial, creó la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). El proyecto consistía en formar jueces preparados moral e intelectualmente y acabar con las designaciones provisorias a dedo. De más de 4.000 aspirantes sólo 400 abogados aprobamos los exámenes de conocimiento jurídico y psicotécnicos. Cursamos un intenso programa de cuarto nivel durante 3 años. Al final, los Magistrados del TSJ nos entregaron un certificado y jamás fuimos tomados en cuenta. 5 años después, algunos conocidos que ni siquiera pasaron el primer examen hoy ejercen como jueces.

La guinda de la torta fue la celebrada decisión del Tribunal 24° de Juicio de Caracas que otorgó la libertad plena al dirigente sindical Rubén González. El Presidente de Sintraferrominera estuvo sometido a un juicio político durante 5 años, fue encarcelado 17 meses y condenado a 7 años y 6 meses de cárcel en el año 2011, al liderar una huelga de 21 días por incumplimiento de la convención colectiva, para que finalmente se diera por concluido el proceso penal al no existir elementos que demostraran comisión de delito alguno por parte de Rubén.

Nuestra Constitución Nacional establece como garantía judicial el debido proceso consagrado como Derecho Humano fundamental en su Título III, Capítulo III, Sección Segunda. Preocupa que la violación de derechos fundamentales se nos vuelva cotidiano. Lo peligroso de éste, nuestro abismo, es tenerlo detrás de nosotros, muy cerca, mientras seguimos avanzando un paso y retrocediendo dos.