EL INFORME DE PROVEA

En la foto junto a Esperanza Hermida, Marino Alvarado y Rafael Úzcategui, Coordinadores de Provea

El 20 de Mayo de 2014, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presentó su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al año 2013, con su tradicional investigación interdisciplinaria en donde se registran los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en materia de 19 derechos fundamentales, que permitió recordar el contexto y los antecedentes que originaron el conflicto actual venezolano.

Tuve el honor de ser invitado como moderador del evento, realizado en la sede del Colegio de Ingenieros de Caracas, destacando entre los presentes una importante participación de líderes sindicales de distintas corrientes, además de activistas de Derechos Humanos y víctimas asistidas por esta importante ONG.

Mi relación con Provea data del año 2009 cuando su Coordinador General, Marino Alvarado, apoyó a SINTRAINCES en la acción de amparo constitucional ejercida ante los tribunales venezolanos por el derecho fundamental a la Convención Colectiva. Paralelamente trabajamos en la coordinación del Capítulo Venezolano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD - Venezuela). En el año 2011 Provea asesoró al Sindicato en la elaboración de un recurso de Queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y desde 2012 pasé a formar parte de la Asamblea de esta Organización. Asimismo, en 2014 sumamos esfuerzos junto al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), participando en la Audiencia sobre Conflictividad Laboral y Derechos Humanos en Venezuela en el marco del 150° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunado a lo anterior, Provea ha sido un aliado estratégico del movimiento sindical y de las trabajadoras y trabajadores venezolanos. 

Entrando en materia del Informe y según expusieron los Coordinadores de Provea, Marino Alvarado y Rafael Uzcátegui; el 2013 fue un año excepcional en cuanto al conjunto de factores que incidieron en el respeto a los derechos humanos en Venezuela. El período estuvo signado, en primer lugar, por el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez el 05.03.13. Su liderazgo y presencia al frente del Ejecutivo Nacional, durante 14 años continuos de gobierno, impusieron un estilo y una lógica de gobernar que se caracterizó por el control absoluto del resto de los poderes públicos, desvaneciendo contrapesos institucionales que terminaron favoreciendo actitudes y políticas contrarias a los derechos humanos. Luego de la muerte de Hugo Chávez y la convocatoria a nuevas elecciones en abril 2013, el panorama político venezolano entro en una dinámica de mayor confrontación entre los principales actores políticos.

Una vez resultó electo en las elecciones presidenciales de abril 2013, el presidente Nicolás Maduro imitó el estilo autoritario  de gobernar de Hugo Chávez, ratificando como programa el llamado “Plan de la Patria 2013-2019”, y arreciendo el ataque y criminalización a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, concretando la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos colocándose así al margen de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debilitando las posibilidades a las víctimas de obtener justicia y favoreciendo con ello la impunidad. Asimismo, continúo la política de criminalizar la protesta reafirmando una manera antidemocrática de canalizar el descontento social.

Para Provea el clima actual de conflictividad y las protestas que se realizan en varios estados del país desde febrero pasado, encuentran sus antecedentes directos en el escenario vivido luego de la ausencia del Presidente Chávez de la escena política nacional. El estrecho margen con que el Presidente Nicolás Maduro se impuso en las urnas frente al candidato opositor Henrique Capriles, dividió nuevamente al país en dos partes casi iguales y condujo al desconocimiento de los resultados por parte del líder opositor, lo que generó una ola de protestas que fueron reprimidas mediante el uso excesivo de la fuerza, enjuiciamiento masivo de manifestantes, y la aplicación por primera vez de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para imputar a manifestantes.

Asimismo, se desarrolló una intensa campaña desde el equipo de gobierno contra Provea, dirigida desde el MINCI con la participación de la Defensoría del Pueblo que presagiaba una actitud de dar continuidad a la confrontación y descalificación de las organizaciones de derechos humanos.

La inseguridad personal, la devaluación de la moneda a principios de 2013, la escalada inflacionaria que alcanzó un 56,2% al cierre de 2013, la interrupción en el suministro de servicios básicos y la escasez de productos alimenticios y de uso personal, la no discusión de convenciones colectivas o violación de las vigentes sumado a la incertidumbre sobre el futuro político y económico inmediato del país, empujaron a diversos sectores de la población a realizar protestas.

El período por lo tanto  estuvo marcado por la alta conflictividad social. A pesar de ello, se registró un descenso de 20% en el número de manifestaciones realizadas, alcanzando la cifra de 4.410 protestas.

Pese a ello se registró un aumento de las prácticas represivas de los cuerpos de seguridad en el marco de las protestas pacíficas, contabilizándose 355 detenciones a manifestantes, lo que representó un aumento de 32% respecto a 2012 cuando se reportaron 269 detenciones. La cifra de víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de protestas pacíficas también registró un ascenso de 62% en el número de víctimas (316). Más del 40% de las protestas estuvieron nuevamente dirigidas a la exigencia de derechos sociales.

En este Informe Anual, Provea recoge aspectos positivos y negativos en materia de políticas públicas y actuaciones del Estado respecto a los derechos humanos en el país.

Entre los aspectos positivos destaca que la Asamblea Nacional haya decretado la Ley Especial  Para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, se haya continuado con la política de adjudicación de tierra agrícola avanzando hacia el otorgamiento de títulos de propiedad; se reafirmó la política de inamovilidad laboral y se logró bajar el desempleo y en materia de educación la Unesco estableció que Venezuela está entre los países que alcanzará las metas de educación para todos entre ellas lograr 95% de escolarización primaria.

Como aspectos negativos indicaron que en materia del derecho a la salud hubo niveles preocupantes de retroceso. La población Venezolana fue objeto de severas limitaciones para disponer de garantías  mínimas de atención a sus necesidades de salud llegando al punto de comprometer la integridad física y la vida de diversos grupos de personas.

Durante el año 2013 se registraron 205 víctimas de violación al derecho a la vida con un incremento de 25% en los casos conocidos en 2012. Llama la atención que el incremento significativo de violaciones al derecho de la vida se haya producido luego de años de esfuerzo por implantar un nuevo modelo policial en el país. Tal situación debe obligar a reflexionar a las autoridades sobre las deficiencias que se están produciendo en dicha política. En el de los casos los responsables fueron órganos de seguridad dependientes del poder central, destacándose el como el mayor violador del derecho a la vida con 48,9%  de los casos, seguido por la Policía Nacional Bolivariana (9,27%).

En cuanto a la integridad personal el Informe refleja un total de 221 denuncias, con un saldo de 334 víctimas. La GNB y el CICPC concentran la mayor cantidad de denuncias sobre prácticas de tortura y malos tratos. Se paralizó el proceso de transformación del CICPC que apuntaba entre otros aspecto a atacar la reiteradas violaciones a los derechos humanos que perpetra este organismo policial permanentemente involucrado en violaciones graves a los derechos humanos sin que haya muestras reales de voluntad política para revertir tal situación.

En el derecho a la justicia persistió la ausencia de separación de poderes, se mantuvo la práctica de procesar civiles ante tribunales penales militares, y el Ministerio Público continúo teniendo bajos resultados en la lucha contra la impunidad y siguió actuando como instrumento para la represión de la protesta social en el país. Por su parte, la Defensoría del Pueblo mantuvo su línea de acción que ilustra una falta de independencia y autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, avalando decisiones como la denuncia de la CADHy guardando silencio frente a importantes violaciones de DDHH entre ellas el enjuiciamiento de personas por exigir derechos a través de manifestaciones y huelga, las ejecuciones policiales y la práctica de la tortura y malos tratos.

Como aspectos preocupante tenemos que en materia de seguridad social 95.858 personas fueron pensionadas por vejez y otras contingencias, una cantidad menor que el período anterior, cuya cifra fue de 147.274 personas. Ello representa un descenso de 34,91% .

En materia de vivienda se produjo una desaceleración del ritmo de construcción de vivienda lo cual aleja aún más la posibilidad de superar el déficit habitacional existente y se hizo un abusivo uso de proselitismo político en los procesos de adjudicación de viviendas.

Finalmente Provea expresó su preocupación por el creciente autoritarismo en la gestión de gobierno afianzado en la Doctrina de Seguridad Nacional y el aumento de la militarización del país. Esos dos factores  constituyen situaciones de alto riesgo para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela.