El carnet de la patria: nuevo mecanismo de control social

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Artículo para PROVEA

El jueves 29 de diciembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro presentó en cadena de radio y televisión el denominado “Carnet de la Patria”, que según el primer mandatario será el registro y control de las Misiones y proyectos sociales en el país, incluyendo los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). 
“¡Todo el mundo a carnetizarse!”, fue la exclamación del jefe de Estado, afirmando que es un mecanismo ideado para “afianzar” el sistema de protección del país: 
“el carnet de la patria es el nuevo instrumento para el gran poder popular”. Insistió en que todas las personas deben inscribirse en el sistema pues “este carnet debe servir para hacer una revolución profunda y para que la revolución llegue al pueblo”.
En este orden, el gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora (Psuv), agradeció al presidente por “la extraordinaria idea de carnetizar a la gente y convertirnos así en elementos para tomar decisiones”.
Sectores de la oposición han declarado que este sería un nuevo sistema de exclusión social, alegando que para gozar de los beneficios del Clap y demás planes del gobierno “habría que inscribirse como chavista”. No obstante, desde el propio chavismo, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), integrante de la coalición “Polo Patriótico”, declaró su desacuerdo con el carnet de la patria, al calificar la iniciativa de “política de exclusión”.
Carlos Aquino, miembro de la dirección del PCV, expresó que los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda y la educación son derechos constitucionales consagrados para todos los habitantes de nuestro territorio y no pueden estar dependiendo de un carnet.
“Todos los habitantes del país tienen derechos constitucionales que no son otorgados graciosamente por nadie; se está a tiempo de modificar este criterio. Esto no tiene nada que ver con socialismo” –insistió Aquino-. “El carnet de la patria tiene aroma a exclusión. La derecha pudiera tomar esos listados para arremeter contra esas personas.” 
También criticó “la enorme inversión de recursos financieros, humanos y tecnológicos. Consideramos que debía ser utilizado para renovar la cédula de identidad de los venezolanos. La cédula de identidad de los venezolanos da vergüenza, es un papelito mal plastificado que al año ya se está desconchando”.
Según reportaje de la periodista María Fernanda Sojo para el diario El Nacional del 29/01/2017, entre las personas que acuden a los operativos de carnetización sobran las dudas. Unos dicen que es para que les sigan dando las bolsas del CLAP, mientras que otros esperan más beneficios.
“No sé bien cómo va a funcionar, pero me han dicho que el presidente Nicolás Maduro nos dará más ayudas. Yo estoy sacando mi carnet de la patria para que me den comida, para que me lleguen las bolsas de CLAP. Eso es lo que queremos. Solo que esto es un desastre”, dijo Marbella Rojas, una de las entrevistadas en una cola en Plaza Caracas. Otra de las mujeres en la cola señaló: “Tenemos que sacar el carnet antes del 05 de febrero. Si no, nos vamos a quedar por fuera. No nos van a dar más nada y nosotros tenemos necesidades.”
La diputada por la MUD, Nora Bracho reprochó que el carnet de la patria fuera “una copia del modelo castrante implantado en Cuba. Venezuela está sometida a esa tarjeta de la patria que Maduro ha planteado como una solución pero que termina siendo un chantaje.” 
El carnet de la patria se constituye así en un nuevo mecanismo de control para el acceso a las políticas sociales promovidas por el gobierno, para lo cual no bastaría con el documento oficial que comprueba la identificación de los ciudadanos venezolanos: la cédula de identidad. Una política excluyente que discrimina a los ciudadanos no carnetizados por parte de una administración que suele asimilar Estado con partido de gobierno. 
Aunado a lo anterior, el carnet de la patria contiene una detallada información del poseedor que incluye su número de cédula, la fecha de nacimiento, fecha de emisión del carnet, fotografía y un código único. Por una parte, tanta información disponible representa un riesgo en cuanto al resguardo de su privacidad ante los funcionarios responsables de los programas sociales, así como de los organismos de seguridad del Estado; y por otro lado el beneficiario queda expuesto al riesgo que supone para su integridad personal y bienes uno de estos carnets en manos de la delincuencia. 
Asimismo, se ha criticado la opacidad sobre el costo que le genera al Estado la masiva emisión de los carnets, mientras en paralelo existen denuncias de que en las oficinas del Saime no cuentan con material para entregar pasaportes.
Los derechos fundamentales como el acceso a los servicios públicos y las garantías de toda persona a la alimentación y salud son obligaciones insoslayables del Estado, cuyo goce no puede estar sujeto a trabas burocráticas, parcialidad política o discriminación alguna. Un instrumento cuya finalidad es darle a la población acceso a bienes que antes se podían adquirir sin restricciones, consolida la dependencia de la gente al gobierno, pues la garantía de bienes y servicios básicos a cambio de lealtad política es una forma de coacción en la que prevalece la dominación y control de los sectores más pobres y vulnerables. 

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