El defensor de la dictadura
La Defensoría del Pueblo en Venezuela fue creada a partir de la
Constitución de 1999, inspirada en la figura del Ombudsman o Procurador de Derechos Humanos, para constituirse en un
límite a los abusos cometidos por las autoridades estatales, así como para
promover el respeto de los derechos humanos. Un mecanismo para oponerse al
poder de la administración del Estado, cuando éste es ejercido desconociendo
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
La figura del Defensor del Pueblo generó muchas expectativas en la
organizaciones de la sociedad civil, pues tal como se estableció en los
artículos 280 y 281 de la entonces recién aprobada Carta Magna, tendría a su
cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales
y los previstos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además
de los intereses colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.
Experiencias regionales como la peruana generaban confianza en la
institución gracias a destacadas figuras como el jurista Jorge Santistevan de
Noriega, quien desde la Defensoría del Pueblo de ese país (1996 – 2000),
combatió los atropellos a la democracia y a los derechos humanos por parte del
gobierno dictatorial de Alberto Fujimori.
Sin embargo, los primeros Defensores venezolanos, Germán Mundaraín y
Gabriela Ramírez, demostraron su parcialidad política con el gobierno, razón
por la cual el Subcomité de
Acreditación de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos (GANHRI, por
sus siglas en inglés), de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), evaluó degradar la institución venezolana
a clase B por no cumplir con los
“Principios de París”.
No obstante, en el año 2014 es designado Tarek
William Saab Defensor del Pueblo por parte de la Asamblea Nacional, quien a
pesar de haber sido militante del partido de gobierno y haber ocupado cargos
públicos, perteneció a organizaciones de Derechos Humanos en la década de los
noventa, por lo que se esperaba que podría darle un vuelco a la institución y
cumplir un rol digno. De hecho, el GANHRI decidió extender el plazo de
evaluación por un año, dándole la oportunidad al nuevo Defensor de hablar “alto y claro” sobre las violaciones de
derechos humanos en nuestro país y señalar las responsabilidades del Estado.
Lamentablemente, al vencimiento del término, este organismo ratificó la
ausencia de autonomía e independencia en el funcionamiento de la Defensoría
durante la gestión de Tarek William Saab, y en octubre de 2016 decide rebajar
la calificación de la Defensoría del Pueblo venezolana a categoría B. Es decir,
la Defensoría venezolana perdió el derecho a voto en instancias de Naciones
Unidas y sólo goza de acreditación como “miembro observador”.
En marzo del 2017, durante la presentación de su informe anual ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado Zeid Ra´ad
al Hussein dedicó unos minutos para hablar sobre la preocupante situación de
Venezuela, recordando la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo.
El día martes 04 de abril de 2017, 110 organizaciones de derechos
humanos, junto a personalidades y miembros de la sociedad civil, suscribieron
un documento exigiendo la renuncia de Tarek William Saab, luego de que este, en
nombre del Consejo Moral Republicano, manifestara su “firme apoyo” a la
sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia que eliminó la inmunidad
parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional; atribuyó al Presidente
de la República la facultad de revisar leyes y de decidir la aplicación de delitos
militares, y sugirió reconsiderar la pertinencia de la participación de
Venezuela en instancias internacionales.
Es decir, que el Defensor del Pueblo habría apoyado el golpe de Estado
al parlamento y la criminalización de La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
“Hoy sabemos” —señala la misiva— “que de los
tres entes que integran el Consejo Moral Republicano, uno de ellos está en
desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de marzo la Fiscal General de la
República la calificó, junto al dictamen 156 del mismo tribunal, como la ´ruptura
del hilo constitucional´, en medio de un amplio rechazo de ambas sentencias por
parte de la comunidad nacional e internacional. El apoyo expresado por usted a la referida sentencia, no solo es fraudulento al ser presentado como
una posición institucional, pese a no haber sido producto de un
consenso entre los integrantes del Consejo Moral Republicano, sino que
constituye un menosprecio de la institución parlamentaria, de la que usted
mismo fue en algún momento parte, en abierta violación de la Constitución y del
Estado de Derecho.”
“No solamente usted no tomó las medidas para
corregir esta situación, que fue calificada por la Fiscal General y por la
mayor parte de la sociedad democrática venezolana como ´Golpe de Estado´, reincide en actuaciones cada vez más
graves e inaceptables dentro del papel que debería desempeñar un Defensor del
Pueblo en un contexto de crisis social, política y económica. Le solicitamos formalmente que presente su
renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona
independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los
principios democráticos, asuma el cargo; una persona que, en
lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas.”
Si alguna diferencia existe entre las dictaduras de corte moderno de Fujimori en el Perú y de Nicolás Maduro en Venezuela, es definitivamente la actuación del Defensor del Pueblo.
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