Sesión Final del 2do Examen EPU Venezuela

                                           Artículo para el Boletín Internacional de Provea

El pasado 16 de marzo de 2017, Venezuela participó en la Sesión Final de Adopción de Recomendaciones del 2do Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Estado venezolano se vio emplazado a dar respuesta definitiva sobre la adopción de las 274 recomendaciones emanadas de 102 países que participaron en la Sesión de Evaluación de Venezuela celebrada el pasado mes de noviembre en Ginebra, Suiza.

El Examen Periódico Universal (EPU), es una novedosa evaluación de Naciones Unidas cuyo objeto es revisar cada cinco años el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de derechos humanos de cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Los Estados son revisados durante 3 sesiones y el resultado de cada revisión es reflejado en un "informe final" que lista las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

El 2do Ciclo del EPU Venezuela inició en abril de 2015 con la preparación y envío de informes por parte del Estado, los órganos del sistema internacional de protección de derechos humanos, las agencias de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil nacional e internacional. En noviembre de ese mismo año se celebró la Sesión de Examen en el Consejo de Derechos Humanos donde 102  países hicieron 274 recomendaciones a Venezuela, 85% más que en el Primer Ciclo EPU llevado a cabo en 2011.

En la Sesión Final de adopción de marzo de 2017, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, tomó la palabra en lugar de Tarek William Saab, toda vez que en 2016 la Defensoría del Pueblo fue degradada por el Subcomité de Acreditaciones del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a la “Categoría B” (Miembro Observador), al considerar que “la Defensoría del Pueblo no está preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades gubernamentales. Esa inacción demuestra una falta de independencia, no está funcionando en pleno cumplimiento de los Principios de París”.

En su intervención, la Ministra Varela destacó que Venezuela “avanza en su democratización política, económica, social y cultural, a pesar de presiones internas y externas”. Expresó que Venezuela mantendrá estrecha colaboración con los órganos y mecanismos del sistema internacional de derechos humanos, aceptó 193 recomendaciones y anotó 81, de las cuales afirmó no apoyar un total de 53 por estar “sesgadas y formuladas sobre bases falsas”.

En contrapeso, el defensor de derechos humanos Feliciano Reyna intervino en nombre de Civicus – Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, en consulta con 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana; expresando que la mayoría de estados que participaron en el EPU llamaron la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales. “En su informe, el Estado justifica mantener un Estado de Excepción que no cumple con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos, con el consecuente quiebre del Estado de Derecho y las libertades democráticas.”

Continuó Reyna señalando que las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas; periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos, y el Servicio de Inteligencia venezolano (SEBIN) debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles.

Además alertó sobre situaciones y temas que requieren de urgente atención:

• 82% de la población venezolana vive hoy en pobreza.
• 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016.
• 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH.
• 4 millones de personas no tienen acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere.

Feliciano Reyna concluyó su intervención expresando que en Venezuela vivimos una emergencia humanitaria compleja. Instó al Estado venezolano a aceptar la cooperación internacional humanitaria que le fue ofrecida, para evitar más daños irreparables y pérdida de vidas, particularmente en niñez y adolescentes, embarazadas, personas mayores y con condiciones de salud crónicas, indígenas y personas privadas de libertad.

De adoptarse e implementarse estas recomendaciones, se resolverían buena parte de los problemas que afectan gravemente los derechos humanos en el país.

Lea el Boletín Internacional N° 37