Acoso laboral y discriminación política
Artículo para Provea
“¿Qué sentirían ustedes si fueran despreciados, denigrados y agredidos moralmente durante años por unas personas cada vez más zafias y ensoberbecidas, en la certidumbre de que cualquier acción legal que la víctima emprenda, en el mejor de los casos, se saldará con una multa que podrán pagar sin despeinarse, para seguir ejercitando su abominable e inhumano pasatiempo con renovado placer?”
En la última década, el movimiento sindical y las organizaciones de Derechos Humanos han sido testigos de la creciente discriminación laboral por razones políticas en Venezuela, el acoso a empleados públicos para que se abstengan de participar en eventos o iniciativas de oposición al gobierno, y el hostigamiento para que asistan y participen de actos, eventos y elecciones promovidas por el partido oficialista.
Sin embargo, desde el pasado 17 de julio de 2017, la ONG Provea ha registrado un incremento exponencial de denuncias por parte de trabajadores y funcionarios de al menos 80 organismos de la Administración Pública Nacional, en el marco de la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Las consecuencias para quienes no acataron dichas órdenes van desde el escarnio y las desmejoras, hasta las remociones, destituciones y despidos.
Si bien desde la época de Hugo Chávez funcionarios de diverso rango han hostigado a trabajadores que laboran en organismos del Estado, con acciones concretas en entes específicos, como el despido masivo de aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA (2003), y la aplicación de la “Lista Tascón” para decidir la incorporación o no de un aspirante a cargo público (2004); en la actualidad la persecución laboral se ha convertido en la norma que rige las dependencias oficiales. Ya en el año 2016 Provea asumió el caso de 16 mujeres trabajadoras de la Fundación del Niño Simón que fueron despedidas por haber firmado a favor del fallido referéndum revocatorio promovido por la oposición, y a la fecha, ninguna de ellas ha sido reenganchada.
Entre el 17 de julio y el 05 de agosto de 2017, Provea recibió más de 260 denuncias de hostigamiento a empleados públicos por negarse a votar en la ANC, para un promedio de 15 denuncias diarias provenientes de Ministerios, Institutos Autónomos, Empresas del Estado y hasta hospitales y entes educativos. Cabe resaltar casos en los cuales una sola denuncia abarca, no a una persona, sino a un grupo de trabajadores públicos, por lo que la cantidad de denuncias implica un número mucho mayor de empleados afectados.
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